El número 30.000 es una cifra y también un símbolo. La cifra hace referencia a las personas detenidas–desaparecidas durante la última dictadura aunque, paradójicamente, por el tipo de crimen del que fueron víctimas es imposible certificar con precisión la cantidad, ya que sus cuerpos fueron secuestrados y aún continúan desaparecidos. Como la represión estatal fue clandestina e ilegal no es posible arribar a una cifra cerrada. El símbolo, por otro lado, recupera la lucha de los organismos de derechos humanos: su persistencia y valor para seguir buscando cada uno de los nombres de las víctimas y su compromiso indeclinable con la memoria, la verdad y la justicia.

Las cifras de los genocidios, por las características del delito, siempre son estimaciones abiertas. Eso sucede, por ejemplo, en los casos emblemáticos del siglo xx: el Genocidio Armenio y el Holocausto. Pero, como bien escribió Marc Mamigonian, especialista en el caso de Armenia, “los genocidios siempre se denuncian con estimaciones, números redondos, y se intentan negar con supuestas precisiones”.

Las estimaciones, de todos modos, tienen una historia y una racionalidad. En el caso argentino, la cifra fue establecida por las organizaciones de derechos humanos que, durante la misma dictadura, pudieron realizar los primeros listados de las personas detenidas desaparecidas con datos que recabaron en el país y en ámbitos internacionales. Además, tuvieron en cuenta la cantidad de centros clandestinos de detención, el número de habeas corpus presentados y las declaraciones de los propios militares y otros sectores del poder de aquel entonces.

En 1978 un agente secreto chileno, Enrique Arancibia Clavel, confeccionó un informe con un listado parcial de las muertes y las desapariciones en Argentina entre los años 1975 y 1978, en el que estima que el número alcanzaba las 22.000 personas. A su vez, un documento de la embajada de Estados Unidos, firmado por el responsable del área de Derechos Humanos, Allen Harris, mencionaba que altos mandos de la dictadura le habían comunicado a la cúpula de la Iglesia católica que se habían hecho cargo de “15.000 subversivos”. Por otro lado, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos que funcionaba en el exilio había construido estimaciones similares con la información que aportaban las y los sobrevivientes de los centros clandestinos, principalmente de “La Perla” y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En 1983, ya en democracia y apenas pasados cinco días de su asunción, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para recibir de forma directa denuncias de víctimas, familiares o personas allegadas con el objetivo de elevarlas a la justicia civil para juzgar a los responsables de la Junta Militar. En tan solo ocho meses se recibieron 7.380 denuncias sobre desapariciones. Las denuncias continuaron llegando, incluso cuando ya se había presentado el informe que dio lugar al libro Nunca Más. Así, los casos denunciados a la CONADEP se elevaron a 8.961. Esta tarea, que luego fue asumida por la Secretaría de Derechos Humanos, registró hasta el año 2023 un total de 28.197 denuncias, divididas del siguiente modo: 1.669 personas asesinadas; 7.044 desaparecidas; 19.484 sobrevivientes.

¿A quiénes se contempla para realizar la estimación de personas desaparecidas? Se tiene en cuenta a las personas que fueron afectadas en sus cuerpos por la violencia estatal o paraestatal, organizadas en cuatro grupos:

1. Las asesinadas, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familias o fueron abandonados en el lugar de los hechos.
2. Las desaparecidas, secuestradas en centros clandestinos, asesinadas y cuyos cuerpos fueron destruidos y siguen sin aparecer.
3. Las personas que sobrevivieron, es decir, que estuvieron detenidas en los centros clandestinos y durante ese tiempo estuvieron en condición de desaparecidas.
4. Las niñas y los niños que nacieron en cautiverio y fueron víctimas de la apropiación ilegal.

La dificultad en la precisión también está vinculada a que gran cantidad de familiares, personas conocidas, amigas, amigos o incluso víctimas directas tuvieron y tienen miedo de realizar la denuncia por las posibles consecuencias. Este temor tiene como contracara el crecimiento de las denuncias cuando se brinda un marco de confianza. A partir de 2006, derogadas las leyes de impunidad, se pudo avanzar con los procesos judiciales contra los represores en todo el país y una gran cantidad de personas se animó a denunciar por primera vez lo que había vivido.

Un ejemplo de esta situación es lo que sucedió en Tucumán: entre 1985 y 2005 se denunciaron 117 desapariciones, pero a partir de los juicios de 2006 el número ascendió a 440. Según explicó el equipo coordinado por

el sociólogo Daniel Feierstein, que investigó el desarrollo de los juicios en esa provincia, el crecimiento de las denuncias siguió un patrón: el año con mayor cantidad de denuncias desde 1984 fue 2014, con 76 casos, seguido por 2008, con 63 casos. Es decir que la situación política y social, en especial la apertura de nuevos tramos de los juicios y la existencia de condenas, generaron las condiciones para superar el miedo y hacer las denuncias. Para construir esta confianza también influyó la voluntad de investigación de las fiscalías y querellas para detectar casos no denunciados y abrir nuevas causas.

En el caso de esa provincia del norte y de otras regiones como Corrientes, Misiones, Chaco o Santiago del Estero, hubo otro elemento distintivo: la percepción entre los sectores rurales y obreros de que no tenía sentido denunciar la desaparición porque ya venían siendo víctimas de injusticias desde hacía décadas, por lo tanto percibían esta nueva afrenta como una continuidad de las formas de opresión y sometimiento.

En el año 2013, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, se creó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que tiene a su cargo la elaboración permanente de una base de datos de alcance nacional y federal, con información sistematizada sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado.

En estos últimos relevamientos se pudo constatar que la cantidad de sobrevivientes de centros clandestinos de detención era mucho mayor que la que se había creído. La mayoría de las y los sobrevivientes denunció su desaparición varias décadas después, por miedo o por considerarla menor frente a los asesinatos. Para quienes analizaron el período, esta situación permite sostener dos conclusiones: el objeto del terror fue atravesar al conjunto de la población, y devolver a las y los sobrevivientes a la sociedad tenía como objetivo diseminar ese terror. En la década de 1990, los documentos de la Asociación de Ex Detenidos–Desaparecidos ya plantean esta hipótesis cuando se preguntan por qué la dictadura dejó sobrevivir a numerosas personas secuestradas en los campos de concentración.

Hasta el presente, pese a los juicios y las políticas de derechos humanos, los responsables de los crímenes mantienen un pacto de silencio y nunca revelaron la cantidad de víctimas, ni quiénes fueron, ni qué hicieron con las y los bebés que robaron, ni cuál fue su destino. Sin embargo, quienes los defienden o justifican más de una vez han dicho “no son 30.000”. Pero, como advirtió la profesora e investigadora Ludmila da Silva Catela, “borran del enunciado la palabra desaparecidos. Silencian el significante”. Es decir que, al sustraer el concepto “desaparecidos”, impiden comprender por qué es imposible precisar el número. Por otro lado, da Silva agrega:

(...) la responsabilidad de dar respuestas sigue siendo del Estado. Es moralmente indigno que se les reclame a las víctimas y sus familiares que den una respuesta certera respecto de un número que ellas no pueden saber ni tienen por qué investigar, ya que no lo provocaron.

En otro sentido, y aunque pueda ser discutible, la cifra pudo abrirse y tensionarse para ampliar la memoria, como cuando el colectivo LGTB enarboló el número 30.400 para visibilizar a las disidencias sexuales que fueron víctimas de la última dictadura.

Las controversias acerca de la cifra tuvieron una escena televisiva destacada cuando el escritor Martín Kohan debatió con un funcionario de Estado, Darío Lopérfido, quien por relativizar la cifra de 30.000 personas desaparecidas tuvo que presentar su renuncia. En un tramo del intercambio, Kohan dijo: “Cuando discutimos el número lo que estamos discutiendo no es un problema aritmético sino que es una discusión sobre criterios de verdad y de interpretación histórica”. Porque el número 30.000, como se ha dicho, es una cifra pero, sobre todo, es un símbolo de denuncia de una práctica genocida. Y puede ser también un lugar de duelo frente a la ausencia de los cuerpos de personas queridas que aún siguen sin ser devueltas.

Biobliografía

Alconada Mon, Hugo (24 de marzo de 2006). El ejército admitió 22.000 crímenes. La Nación.

Da Silva Catela, Ludmila (2024). Son 30.000. Instituto de Antropología de Córdoba. IDACOR-CONICET.

Feierstein, Daniel (2018). Los dos demonios (recargados). Buenos Aires: Marea. RUVTE - Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Ministerio de Justicia de la Nación.