Desde 2017, Leonardo Fossati trabaja en un sitio de memoria donde durante la última dictadura funcionaron un centro clandestino de detención y una maternidad clandestina: la ex-Comisaría 5ª de La Plata. La madre de Leonardo, Inés Ortega, estuvo secuestrada en ese lugar cuando estaba embarazada. Allí tuvo a su bebé, y al poco tiempo fue asesinada. Leonardo fue uno de los 500 bebés víctimas de la apropiación durante la dictadura, y uno de los 139 que pudo conocer su verdadera historia y restituir su identidad gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, además, es el director de ese sitio de memoria.

La apropiación de niñas y niños fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado que implicó el secuestro y la desaparición de las hijas e hijos de las personas desaparecidas. Entre 1975 y 1980, hubo diversos tipos de casos: niñas y niños que nacieron en cautiverio, que sufrieron el secuestro junto con sus madres y padres, que fueron entregadas y entregados a familias vinculadas con la represión o abandonadas y abandonados en institutos de menores sin conocer su origen. Todas esas personas fueron privadas del derecho a la identidad y a crecer en la verdad.

La enorme mayoría nació en cautiverio, en maternidades clandestinas que funcionaban principalmente en centros clandestinos de detención y también en hospitales y cárceles. En esos lugares había profesionales de la salud que se encargaban de seguir la evolución de los embarazos y asistir a las mujeres en los partos. Muchas veces eran quienes, con la complicidad de las parteras, se encargaban de sustraer a las y los bebés y hacer su entrega al personal de las Fuerzas Armadas o personas allegadas. En algunas ocasiones, incluso, intercambiaban bebés por dinero. El mecanismo que primó para legalizar la situación fue el de falsa adopción, lo que implicaba que quienes se encargaban de la crianza figuraban en las partidas de nacimiento como madre biológica o padre biológico. Esto requería de documentos fraguados, generalmente por el mismo personal médico.

¿Por qué los represores se apropiaban de las y los bebés? Lo hacían porque lo consideraban un acto de “salvación” del supuesto abandono y desamor de sus madres y, a la vez, porque pensaban que era una forma de evitar que se expandiera lo que llamaban “el virus de la subversión”. De ese modo, se consideraba a niñas y niños como un “botín de guerra”.

Algunas de las personas que criaban a esas niñas y esos niños sabían dónde y cómo habían nacido; otras, en cambio, como quienes criaron a Leonardo, llevaron adelante una adopción irregular pero desconociendo que eran hijas o hijos de mujeres que, en la mayoría de los casos, estaban desaparecidas.

Los números en torno a la cantidad de apropiaciones son estimados. La razón de esta imprecisión es que el plan represivo fue ilegal, por lo tanto no hay registros oficiales de la cantidad de mujeres que estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. Esta información se fue reconstruyendo con el tiempo en base a los testimonios de las familias de las personas detenidas y de sus compañeras y compañeros de cautiverio. Por esa razón, muchas veces se realiza la búsqueda de una niña secuestrada o un niño secuestrado cuya fecha de nacimiento exacta se desconoce.

No obstante, la enorme mayoría de las 500 personas que se estima fueron apropiadas eran bebés al momento del secuestro o nacieron en cautiverio. De la totalidad de ese número, casi la mitad eran de la provincia de Buenos Aires, donde hasta la fecha de publicación de este material fueron 71 los casos que pudieron conocer su verdadera historia y fueron restituidos a sus familias biológicas.

La restitución a las familias de origen es un proceso sumamente complejo que supuso mucho esfuerzo por parte de las organizaciones de derechos humanos, en especial Abuelas de Plaza de Mayo. No solo por lo que implicó la búsqueda, sino también por los mecanismos que tuvieron que desarrollarse para comprobar que se trataba de las nietas y los nietos de esas abuelas, como el “índice de abuelidad”, que permitió establecer un lazo sanguíneo entre las niñas y los niños y sus familias a través de la muestra de sangre de sus abuelas y abuelos.

Este trabajo de las Abuelas estuvo acompañado por la tarea del Estado nacional en muchos momentos. Por ejemplo, en 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que trabajó de manera articulada con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ambas instituciones fueron y siguen siendo centrales para acompañar la búsqueda de bebés, que hoy son personas adultas, y para poder certificar el lazo sanguíneo con sus familias de origen. Este delito, que sigue vigente, impacta en las nuevas generaciones, en la descendencia que las Abuelas continúan buscando.

Bibliografía

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