Clase obrera, mano de obra, proletarias, proletarios, asalariadas, asalariados, descamisadas, descamisados: distintas formas de nombrar a quienes hacen el mundo y a quienes alguna vez soñaron con transformarlo. Desde mediados del siglo xx y hasta el inicio de la última dictadura argentina, las trabajadoras y los trabajadores constituyeron un grupo social sólido y homogéneo, con un fuerte componente industrial, un alto nivel de organización y capacidad para intervenir en las luchas sociales y
políticas para lograr mejores condiciones laborales y de vida.

Tanta fuerza tenía la clase trabajadora argentina que a principios de la década de 1970, mediante una intensa experiencia de lucha, había puesto en crisis a la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) a través de protestas sindicales −con epicentro en el “Cordobazo”, en mayo de 1969− articuladas con manifestaciones de estudiantes y otros actores sociales. Ese amplio proceso de movilización popular buscaba una transformación estructural del proyecto de país.

En gran medida, esa fuerza fue determinante para el fin de la proscripción del peronismo en 1973, que posibilitó el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina y el inicio de su tercer gobierno. En ese contexto, el movimiento obrero estaba constituido por dos grandes tradiciones ideológicas. Las trabajadoras y los trabajadores, en su mayoría, se identificaban con diversas expresiones del peronismo nucleadas en la Confederación General del Trabajo (CGT). Por otra parte, existían diferentes tradiciones de izquierda, como el marxismo y el clasismo.

El protagonismo del movimiento obrero durante el tercer gobierno peronista fue crucial por varios motivos. Primero, porque fue parte decisiva en la aplicación del Pacto Social de 1973, un acuerdo económico y social entre el empresariado, la clase trabajadora y el Estado. Luego, tras la muerte de Perón, ocurrida el 1º de julio de 1974 y en respuesta al cambio de rumbo de la economía, el sindicalismo en su mayoría pasó a la ofensiva. Las protestas se alzaron ante las medidas neoliberales adoptadas por Celestino Rodrigo, el entonces ministro de Economía de la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en junio de 1975, conocida como el “Rodrigazo”.

Nueve meses más tarde, sin embargo, el golpe del 24 de marzo de 1976 cambió radicalmente la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Si el objetivo de la última dictadura fue disciplinar a toda la sociedad, la desarticulación del movimiento obrero organizado constituyó un objetivo específico del terrorismo de Estado. Los datos publicados por la CONADEP en el informe Nunca Más de 1984, muestran que más del 30 % de las víctimas de la dictadura pertenecían a la clase trabajadora.

Tras el golpe de Estado, la CGT y diversas federaciones y organizaciones regionales fueron intervenidas. Las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y desaparecieron a dirigentes sindicales y a cuerpos completos de delegados y comisiones internas de fábricas. Ese ataque significaba también una ofensiva a los lugares de trabajo, centralmente la fábrica, como espacio social de lucha, politización y organización de las y los trabajadores.

La estrategia represiva contó, en algunos casos, con la participación de sectores del empresariado industrial, quienes, además de confeccionar “listas negras”, permitieron que los lugares de trabajo fueran utilizados como centros clandestinos de detención. La investigadora argentina Victoria Basualdo ha explicado este funcionamiento en los casos de Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes-Benz. Otro caso es el de Acindar, empresa ubicada en Villa Constitución, Santa Fe, cuyo presidente hasta 1976 fue José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura hasta 1981. Esta represión contra la clase obrera provocó que el período 1976-1981 fueran los años de menor movilización sindical del siglo xx.

Durante el tercer gobierno de Perón, en 1974, el salario mínimo superaba en un 18 % el costo de la canasta familiar. Hacia 1978, a tres años de iniciado el golpe, solo alcanzaba a cubrir el 57 % de lo que una familia necesitaba para satisfacer sus necesidades básicas. En el mismo período, la participación obrera en el ingreso nacional había descendido del 48 al 30 %. Paralelamente, se asistió a una inédita caída del empleo en sectores como las industrias metalúrgica, textil, automotriz y siderúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación Obrera Textil (AOT) sufrieron entre 80 mil y 110 mil cesantías entre 1976 y 1981. El aumento de la desocupación en estos rubros se puede explicar por el cambio de régimen de acumulación de capital impuesto por la dictadura: la desarticulación de la industria sustitutiva de importaciones y el avance del proceso de valorización financiera.

Este deterioro fue acompañado por la suspensión de los derechos laborales y de las negociaciones colectivas. Las trabajadoras y los trabajadores perdieron el derecho a discutir sus condiciones laborales con sus empleadores mediante el arbitraje del Estado. Algunas medidas, como la suspensión del derecho de huelga y del Estatuto del Docente, y la eliminación de cláusulas importantes de los convenios colectivos de trabajo, apuntaron en ese sentido.

Con todo, a pesar de la represión, las trabajadoras y los trabajadores constituyeron uno de los focos de resistencia al terrorismo de Estado. Durante la dictadura existieron dos tendencias al interior de la CGT. Por un lado, la liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, conocida como “CGT Brasil” en alusión a la calle donde funcionaba su sede, que a partir de 1980 proponía una confrontación con el gobierno militar. Por otro lado, la “CGT Azopardo”, representada por el dirigente Jorge Triaca, que sostenía una estrategia dialoguista y conciliadora con las autoridades militares y con la patronal.

En abril de 1979 se desarrolló la primera huelga contra la dictadura convocada de manera clandestina por la llamada “Comisión de los 25”, un grupo de dirigentes combativos de la CGT. El gobierno militar respondió de manera violenta y detuvo a numerosos dirigentes. El avance del deterioro de las condiciones de vida, el reclamo por las libertades políticas y las denuncias por las violaciones a los derechos humanos generaron las condiciones para que, a fines de 1981, desde la central encabezada
por Ubaldini, se convocara a una jornada de protesta para pedir “Paz, Pan y Trabajo”.

El aumento del descontento social llevó al sector ubaldinista a convocar a una huelga nacional con movilización a la Plaza de Mayo y a otras ciudades del país para el 30 de marzo de 1982, con el mismo lema de la convocatoria de 1981. La respuesta del gobierno militar fue nuevamente la violencia. El resultado: cientos de heridos, miles de personas detenidas, entre ellos el propio Ubaldini, y un trabajador muerto en Mendoza, Benedicto Ortiz. En Plaza de Mayo, la represión se extendió durante más
de seis horas. Por primera vez en siete años, la dictadura se mostraba fuertemente desbordada por una potente manifestación social de más de 50 mil personas que la desafiaba en las calles cantando: “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!”.

El terrorismo de Estado dejó una fuerte huella en las trabajadoras y los trabajadores porque transformó las condiciones estructurales que habían empoderado al movimiento obrero. La desarticulación de la industria sustitutiva que, desde la década de 1930, había signado la estructura económica y la persecución a la actividad sindical, debilitó a la clase obrera, así como también la posibilidad del “pleno empleo”. De esta forma, con el disciplinamiento social impuesto por el terrorismo de Estado, se allanó el camino para que –en las décadas de 1980 y 1990– el capital concentrado y el Estado pudieran profundizar el ciclo neoliberal instaurado por la dictadura.

Bibliografía

Basualdo, Victoria (2006). Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Engranajes (de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, FETIA), (5).

Basualdo, Victoria. La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina 1976-1983. Apuntes para una discusión sobre la resistencia obrera, (13). Publicación de la Comisión Provincial por la Memoria.

Falcón, Ricardo (1996). La resistencia obrera a la dictadura militar (Una reescritura de un texto contemporáneo a los acontecimientos). En H. Quiroga y C. Tcach (Comps.), A veinte años del golpe. Rosario: Ediciones Homo Sapiens.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2015). Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomos I y II. Buenos Aires: Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.