El calendario escolar contiene una serie de fechas, hitos y momentos históricos para recordar, festejar y/o conmemorar. Este calendario no permanece inmutable en el tiempo; nuevas fechas continúan nutriendo y complejizando el sentido de las efemérides en las escuelas.

Es interesante tener presente que la elección de las fechas que decidimos abordar constituyen el primer otorgamiento de sentido. ¿Qué momentos de nuestro pasado elegimos evocar? ¿Cuáles no? Desde hace algunos años, diferentes fechas y acontecimientos vinculados con la Educación Sexual Integral (ESI), en su relación con la equidad de género, la diversidad, los derechos humanos en general y la lucha contra las violencias, vienen encontrando un lugar en las salas, en las aulas, en las carteleras, en los distintos momentos institucionales de reunión con las familias o en las instancias de intercambio en la comunidad educativa.

Luego de esa primera decisión de incluir estas fechas como parte de las efemérides que se abordan en el ámbito educativo, comienzan a cobrar fuerza otros sentidos. ¿Qué aspectos de estas fechas queremos resaltar? ¿Cuál es su utilidad pedagógica? ¿Y su utilidad ciudadana? ¿Tiene sentido repetirlas año tras año? ¿De qué manera debemos abordarlas? ¿Podemos integrarlas a nuestras propuestas institucionales y áulicas? ¿O en tanto efemérides son parte de un itinerario diferente?

A partir de estas propuestas se busca reponer algunos de los sentidos y las potencialidades que puede tener el abordaje de la temática en los jardines de infantes, las escuelas e instituciones educativas en general en torno al 9 y 17 de mayo, dos fechas que, aún con sus particularidades, contienen elementos comunes para pensar y repensar nuestras identidades, las de las personas con quienes nos relacionamos y cómo construimos esos vínculos. Creemos que trabajar sobre estas fechas puede ser una buena oportunidad para seguir construyendo una comunidad más justa, con menos violencia y mayor libertad: una escuela cada vez más inclusiva.

 

9 de mayo: Sanción de la Ley de Identidad de Género

El 9 de mayo de 2012 es sancionada la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26743) en Argentina. Desde entonces, cada año, la fecha es motivo de celebración en tanto implica la ampliación y el reconocimiento de un derecho básico universal: el derecho a la identidad y su reconocimiento por parte del Estado, sus instituciones y toda la sociedad. Se trata de un avance en materia de Derechos Humanos y en la garantía del cumplimiento del principio de no discriminación en que se sustentan dichos derechos.

La sanción de la ley implica, según su contenido, el respeto y reconocimiento a la identidad de género autopercibida, el trato digno y la posibilidad de que en el documento nacional de identidad (DNI) aparezcan el nombre, el sexo e imagen con los cuales se sienta identificada y/o representada una persona, independientemente del género que le fue asignado al nacer.

En efecto, uno de los aspectos más significativos de esta normativa es que define a la identidad como una vivencia y la vincula al “sentir de cada persona”. En este sentido, suscribe a una concepción de la identidad como dinámica, mutable y no estática, ni necesariamente anclada en la construcción tradicional binaria de mujer-varón, permite y abre la posibilidad de nombrarse desde la autopercepción.

La ley precisa que el derecho a la identidad autopercibida y la rectificación registral en el documento de identidad no requieren de intervención quirúrgica, tratamiento hormonal, psicológico o psiquiátrico previo, así como tampoco de autorización judicial. Además, expresa que el respeto a la identidad y el trato digno no dependen del cambio registral ni de ningún cambio corporal, actitudinal ni performativo. Esto implica que la sola expresión, por parte de una persona que manifieste un sentir, debe ser reconocida, amparada y protegida por las instituciones estatales y la comunidad en general.

Con respecto a las personas menores de 18 años, la ley garantiza el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al trato digno y al libre desarrollo. Establece criterios y mecanismos que priorizan la voluntad y el interés superior de acuerdo a la capacidad progresiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tal como dispone la normativa nacional e internacional (Convención sobre los Derechos del Niño y Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

En el marco de las políticas de cuidado, esto supone para las escuelas la obligación legal y ética de recibir y alojar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, docentes, personal no docente y miembros de familias trans, y de cuidar particularmente que se respete el principio de no discriminación hacia estas personas. La ley garantiza para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se utilice el nombre y el género elegido para su identificación; que todos los registros y actos administrativos escolares –registro de asistencia, boletines, actos escolares u otros– se adecúen y den cuenta de la identidad autopercibida. También que en todos los espacios institucionales generizados, como el caso de los baños, se respete la autopercepción de la persona, sin necesidad de mediar ningún tipo de permiso o documento autorizante.

La sanción de esta ley, entonces, implica para quienes trabajamos en las instituciones educativas –tanto de gestión pública como privada– el necesario compromiso de  concretar políticas que desarticulen los mecanismos de discriminación, la normatividad sexo-genérica y el binarismo de género como matrices de los hábitos y prácticas institucionales. En consecuencia, estaremos aportando a situar a la comunidad trans en igualdad de derechos con el resto de la ciudadanía, poniendo en discusión la norma cis-sexista[1] y generando parte de las bases necesarias para la construcción de vidas más plenas y justas. Esta normativa abre así un camino de cambios sociales y culturales muy profundos para que las personas trans puedan ejercer con plenitud su derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y a desarrollar su vida en igualdad de condiciones.

 

17 de mayo: Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en consonancia con la fecha en la que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su clasificación de enfermedades mentales. Más allá de que todavía sea preciso seguir avanzando en la despatologización de la diversidad sexo-genérica aún en el campo de la medicina, este acontecimiento marca un camino en su reconocimiento y en el compromiso público para contribuir en la eliminación contra toda forma de discriminación, tal como lo establece la Ley Nº 14522 sancionada en la Provincia de Buenos Aires en 2013.

La fecha se conoce mundialmente también como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Sin embargo, vale señalar que, si bien estas categorías se utilizan para referirse al odio o rechazo hacia personas y colectivos de la diversidad sexo-genérica, se trata de una terminología que supone una “fobia”, es decir, un trastorno de salud psicológico. Estas conceptualizaciones velan comportamientos discriminatorios que expresan odio en sus maneras más peligrosas y violentas hacia identidades disidentes, y que son aprendidos y reproducidos socialmente.

 

Algunas orientaciones en torno al abordaje institucional y áulico

En términos institucionales, ambas fechas son propicias para que directivos, docentes, equipos de orientación escolar y equipos interdisciplinarios distritales puedan difundir en diversos formatos los contenidos de la Comunicación 6/2015 de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que puede funcionar como punto de partida y guía de orientación para pensar otros modos de ser y habitar las instituciones, analizar estrategias que nos permitan deconstruir prácticas discriminatorias y desarrollar procesos inclusivos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje en un marco de cuidado.

Algunas preguntas disparadoras y que funcionan a manera de puerta de entrada a estas temáticas pueden ser:

¿Qué concepciones de diversidad se ponen en juego en la cotidianeidad de los espacios educativos? ¿Qué estrategias institucionales propician un abordaje desde un marco de cuidado y respeto? ¿Qué prácticas son necesarias rever?

A modo de orientación general para las diferentes áreas curriculares de todas las instituciones y niveles del sistema educativo, estas fechas constituyen una ocasión para enseñar y aprender que los avances normativos en materia de sexualidad e identidad sexo-genérica, son producto de largos años de lucha por parte de las organizaciones y colectivos de la diversidad y disidencia en el país y en América Latina. En estos recorridos podemos precisar algunos hitos de esas luchas, de quienes las han protagonizado y visualizar y homenajear a las víctimas de travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio, así como también a todas las personas que atraviesan situaciones de discriminación por su identidad sexo-genérica. Al mismo tiempo, pueden ser aprovechadas para abordar el concepto de que ser libre es un derecho y se relaciona directamente con la posibilidad de expresar lo que cada persona se siente, como se autopercibe y lo que desea.

En esa dirección, estas fechas resultan propicias para generar espacios de reflexión individuales y colectivos, no solo en propuestas áulicas y curriculares sino también desde los roles del mundo adulto en las instituciones educativas.

A partir de los marcos normativos planteados, se busca también habilitar la posibilidad de repensar las propias prácticas, las construcciones de sentido y los abordajes de diferentes situaciones problemáticas (relacionadas con las identidades, los vínculos entre personas, los prejuicios, las violencias, la garantía de derechos) que pueden haber sido o ser en un futuro parte del recorrido de las comunidades educativas.

Asimismo, desde diferentes espacios escolares y áreas curriculares –con la especificidad en la línea curricular de Ciudadanía y de las Ciencias Sociales– se hace preciso destacar, por ejemplo, que la Ley de Identidad de Género es la primera en América Latina que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas trans (transgénero, travestis y transexuales) y a su libre expresión y desarrollo.

Para su cumplimiento y efectivización, los derechos requieren de la educación continua en derechos humanos y en ciudadanía, así como del rol activo de quienes tienen la responsabilidad de la garantía de derechos en la cotidianeidad de las instituciones educativas.

Frecuentemente, hechos que toman o no estado público, noticias periodísticas, informaciones de organizaciones trans y de Derechos Humanos e investigaciones académicas, suelen dar cuenta de crímenes de odio, violencia o discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y otras situaciones que precisan ser visualizadas, reflexionadas y consideradas por parte de las instituciones escolares.

Según las características de cada nivel educativo y de cada institución, se propone trabajar con recursos que den cuenta de diversas identidades: cuentos, relatos literarios, fuentes artísticas, campañas contra la discriminación, estadísticas, historias de vida, biografías locales, provinciales y/o nacionales. Para indagar en el cumplimiento de la ley otro valioso recurso pueden ser las estadísticas de diversas situaciones de vulneración de derechos y discriminación, y su análisis cuantitativo y cualitativo. Visibilizar y problematizar estas cuestiones en las instituciones educativas, sumado al diálogo respetuoso y democrático, son claves necesarias en el trabajo cotidiano.

Las efemérides como memoria y como proyecto educativo pueden ser ocasión de celebración, pero también de poner en la agenda institucional el hecho de que aún queda camino por recorrer, no solo para hacer efectivas las leyes, sino también para un pleno ejercicio de todos los derechos relativos a las identidades.

Las instituciones y la comunidad educativa en su conjunto son espacios necesarios y privilegiados para contribuir a la garantía plena de derechos en pos de una sociedad más democrática, justa e igualitaria.