Ernesto Sábato le entrega el informe de la CONADEP al presidente Raúl Alfonsín. Imagen del Archivo General de la Nación.

Este año se cumplen 40 años del retorno de la democracia en nuestro país. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, candidatos electos por la Unión Cívica Radical (UCR), asumen como presidente y vicepresidente de la Nación, después de siete años de dictadura cívico-militar en la cual se cometieron toda clase de abusos de poder y crímenes de lesa humanidad. 

Conocer la verdad sobre lo que había sucedido fue una búsqueda que comenzó con el inicio de la dictadura por parte de las víctimas y sus familiares directos, quienes fueron nucleándose en distintos organismos para hacer más eficaces sus reclamos. La Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas surgió en septiembre de 1976, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, se conformaron en el año 1977. 

La privación ilegítima de la libertad seguida de torturas o violencia sexual, la desaparición forzada de personas, el robo de bebés, niñas y niños y la sustracción de sus identidades, fueron delitos cometidos por el Estado de facto denunciados tempranamente por estos colectivos, incluso ante Organismos Internacionales de Derecho. Amnistía Internacional, un organismo no gubernamental dedicado a la defensa de los derechos humanos en el mundo, debido a la cantidad de denuncias recibidas apenas comenzó la dictadura, decidió enviar en noviembre de 1976 una delegación de funcionarios para investigar el tema. Esta delegación pudo corroborar los delitos denunciados lo cual plasmó en un informe que fue presentado ante la comunidad internacional en una conferencia de prensa en Londres, el 24 de marzo de 1977¹. Al cumplirse el primer año de dictadura, la publicación de este informe que incluía una lista de 365 personas desaparecidas, significó un duro revés para el gobierno de facto y un avance en la lucha de los Organismos de Derechos Humanos que surgieron por aquel entonces en nuestro país. Dos años después, en septiembre de 1979, otro organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviaba otra delegación para investigar las numerosas denuncias recibidas. La visita culminó con la elaboración de otro informe lapidario para la dictadura, entregado en mayo de 1980, en el que se pudieron constatar y documentar las torturas y desapariciones forzadas de personas como parte de la violencia institucional del Estado. 

En el marco de la transición democrática la búsqueda de la verdad cobró renovado impulso, acompañado de un fuerte reclamo de justicia. El primer impedimento que apareció en el horizonte para concretar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue la ley de autoamnistía que promulgó el último presidente de facto antes de dejar el gobierno, el General Reynaldo Bignone. El 23 de septiembre de 1983, se sancionó la Ley N° 22.294, llamada Ley de Pacificación Nacional en la que se declaran extinguidas las acciones penales de autores, instigadores, cómplices o encubridores de los delitos cometidos por los dictadores, asegurándose, de este modo, su impunidad cuando se recuperara la democracia. En su campaña presidencial, Ricardo Alfonsín había expresado que no aceptaría la autoamnistía y que declararía su nulidad, lo que finalmente se pudo lograr una vez asumida la presidencia de la Nación. Con un amplio consenso de todo el arco político opositor, el Senado de la Nación declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de ley y su derogación. Esta fue una de las primeras acciones de su gobierno, una iniciativa fundamental que dio un marco legal para establecer responsabilidades, investigar y enjuiciar a las Juntas Militares. 

En esta misma línea, cinco días después de asumir la presidencia, el 15 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín creaba por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el objetivo de investigar la violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, también conocida como “Comisión de la Verdad”. El decreto N° 187/83 establecía lo siguiente: 

La Comisión fue presidida por Ernesto Sábato e integrada por distintas personalidades de la política y la cultura: Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Monseñor Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú. También la integraron Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernandez Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.

Los Organismos de Derechos Humanos prestaron su apoyo a la Comisión, poniendo a disposición su experiencia y toda la documentación reunida durante los años previos, incluyendo informes elaborados por otros organismos internacionales en relación con el tema, tales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional o la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante los nueve meses que duró la investigación, la CONADEP recibió denuncias y pruebas que se incluyeron con valor testimonial en su informe final titulado “Nunca Más”. Entregado al presidente Raúl Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y publicado ese mismo año, el informe se constituyó en una importante prueba documental en el juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84) que comenzó unos meses después. En este emblemático juicio, se juzgó a nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983².

En el año 2007, el Fondo Documental CONADEP fue declarado Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto a otros 18 archivos del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983. (IPPDH-MERCOSUR, s/f)

Mientras la conformación y el trabajo de la CONADEP representaron un momento fundante en el devenir de las políticas públicas de memoria, verdad, justicia y derechos humanos en nuestro país, el informe “Nunca Más” condensó en ese enunciado un consenso social de repudio al terrorismo de Estado.

En este sentido, los primeros años de democracia constituyeron un escenario muy prometedor respecto a los reclamos de justicia contra las violaciones a los derechos humanos. La genetista Marie Claire King presentaba ante las Abuelas de Plaza de Mayo una fórmula estadística calculada con información genética conocida como “índice de abuelidad” que permitía establecer la filiación parental entre una abuela y su nieta o nieto con un 99,9 % de probabilidad. Éste índice permitió restituir de manera científica la identidad de Paula Logares, nieta de Elsa Pavón, en 1984. También en este año, se fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), entre otras iniciativas relacionadas con la restitución de identidades. Sin embargo, con el correr de la década, la democracia y la búsqueda de verdad, memoria y justicia fueron puestas a prueba y desafiadas. A partir del Juicio a las Juntas, la investigación se extendió a aquellos oficiales involucrados en delitos de lesa humanidad, lo que motivó una fuerte reacción por parte de éstos. Entre 1987 y 1989 se produjeron una serie de levantamientos y sublevaciones militares que pretendían detener el avance de los procesos judiciales y reclamaban una solución política al asunto. En ese delicado contexto institucional, se sancionaron las leyes de Punto Final (24 de diciembre de 1986) y de Obediencia Debida (4 de junio de 1987). La primera establecía un plazo de 60 días desde la promulgación de la Ley para recibir denuncias y realizar citaciones judiciales con el fin de poner concluir estos procesamientos. A través de la segunda de estas leyes, el Estado eximió de forma masiva a los oficiales medios y subalternos que cometieron crímenes de lesa humanidad bajo órdenes de los mandos superiores. De este modo, el gobierno de Raúl Alfonsín y la década del 80 finalizaron con la sanción de leyes y decretos que continuaron durante el primer año de presidencia de su sucesor, Carlos Menem, obstaculizando la implementación de políticas públicas de memoria, verdad y justicia en un nuevo marco de impunidad. 

Enlaces de interés para profundizar sobre el tema: 

Sitio oficial de Abuelas de Plaza de Mayo. 

Sitio oficial de Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Sitio oficial de Amnistía Internacional. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2022, 1 de junio). El Banco Nacional de Datos Genéticos celebró sus 35 años. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Guía de Archivos y Fondos Documentales. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Mercosur.

Crenzel, E. (2013). La CONADEP treinta años después: La investigación sobre las desapariciones forzadas en la Argentina. En: Derechos Humanos. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Decreto N° 187/83. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Informe: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - 40 Años de Democracia. TV Pública.

Organismos de Derechos Humanos. Recursos y materiales. Comisión Provincial por la Memoria.

¿Qué es la CONADEP? Ministerio de Cultura Argentina.

Sitio oficial de la Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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¹ Ese mismo día, el periodista Rodolfo Walsh publicaba la Carta Abierta a la Junta Militar, una denuncia insoslayable de los crímenes de la dictadura, no solo en el país sino en América Latina. Un día después, Walsh fue detenido en la vía pública del centro porteño, asesinado y desaparecido. Se puede consultar la Carta Abierta a la Junta Militar.

² Particular relevancia cobró, en este sentido, la película “Argentina, 1985” dirigida por Santiago Mitre, estrenada en 2022 en nuestro país y reconocida internacionalmente.