Imagen tomada de La Ventana Ciudadana.

Históricamente, los mercados laborales de los países latinoamericanos se configuraron de manera desigual en relación con la proporción de trabajadoras y trabajadores informales o asalariadas y asalariados. Estos rasgos están estrechamente relacionados con la pobreza y la desigualdad que, a su vez, se conectan con otras dimensiones, como por ejemplo la falta de acceso a la vivienda digna. Por otro lado, la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo se caracteriza por las desiguales posibilidades de acceso al mismo. Históricamente, las mujeres han sido relegadas al espacio privado del hogar y se les delegó la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los miembros de la familia. Esto lleva a preguntarse en qué medida el conjunto de la sociedad asegura las condiciones de reproducción social equitativamente según el género y se respeta el derecho de las personas a elegir sus trabajos e, incluso, el uso del tiempo de ocio. Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (EAHU-INDEC, 2013) las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres las realizan y dedican a este tipo de labores un promedio de 6,4 horas semanales. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas semanales. Desde una perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren de una especial distinción. En primer lugar, la interacción de ambos tipos de actividades resulta en un factor condicionante de la vida cotidiana de mujeres y hombres de manera diferente. También, esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres.

En Argentina, el incremento sostenido de la participación laboral femenina es notable en los últimos tiempos, con un ritmo superior a la participación masculina. El crecimiento de la fuerza de trabajo se explica en su mayor parte por la incorporación de las mujeres al mercado laboral a partir de las mejoras educativas, el menor número de hijas e hijos y el aumento de divorcios y jefaturas del hogar. Sin embargo, si se considera el ingreso en salario de los hogares, los más bajos están integrados por mujeres en situación de pobreza y menores niveles de escolaridad. Si bien las diferencias en las remuneraciones entre varones y mujeres han disminuido, aún son importantes. En 2008, el ingreso por trabajo de las mujeres en todas las categorías de ocupación equivalía al 69% del respectivo ingreso de los hombres (CEPAL, 2010). Entre las asalariadas y los asalariados la diferencia es menor, pero las mujeres perciben en promedio un 86% menos de lo que perciben los hombres. 

En relación al tipo de ocupaciones que predominan entre varones y mujeres, existe lo que se denomina segregación vertical. Las mujeres atraviesan mayores obstáculos para escalar posiciones en las jerarquías laborales como consecuencia del llamado “techo de cristal” (por ser invisible o imperceptible y no estar explicitado en ninguna norma o razón de fondo).

Por otro lado, reflexionar sobre las cuestiones de género en el mercado laboral y visibilizar el trabajo de las mujeres, pone en foco la cuestión del derecho a una jubilación y el acceso a la seguridad social. El sistema previsional estaba organizado históricamente a partir de un modelo que consagraba la jubilación como un derivado de la trayectoria laboral-contributiva de los sujetos dentro del mercado de trabajo formal. De este modo, resultan evidentes las desventajas de las mujeres que han trabajado toda su vida en sus hogares o en trabajos informales en los cuales las empleadoras o empleadores no realizaron aportes previsionales. Para esas mujeres trabajadoras, esto deriva en la imposibilidad del acceso a la seguridad social con excepción de una pensión por viudez. A principio del 2000, la brecha previsional a entre varones y mujeres era de casi 10%. A partir del año 2002, una serie de medidas impactaría fuertemente en el sistema previsional. La política más radical en cuanto a modificación de la estructura de género del sistema fueron los Planes de Inclusión Previsional (PIP) que consistieron en la jubilación anticipada y las herramientas de los planes de pago para cancelación de deudas de aportes (moratoria). Estas medidas significaron el ingreso de millones de personas a la cobertura. En la primera convocatoria, el 80% fueron mujeres, una tendencia que se mantiene. Esta medida se conoció como la “Jubilación de Ama de Casa”. Así, se señalaba el mayor alcance de esta política para las mujeres y el reconocimiento histórico de las actividades reproductivas al interior de los hogares, aunque subsisten todavía, ideas y representaciones estigmatizantes sobre este tipo de trabajo.

Para ampliar más:

Barrancos, D. (S/F). El mercado sexista. Comisión Provincial por la Memoria.

Corsiglia, L. (2018). Las mujeres, el derecho a la jubilación y las disputas en torno a los sentidos de lo legítimo. En Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales, núm. 28, Universidad Nacional de La Plata.

En el mercado laboral argentino es donde más se inflexionan los derechos de las mujeres. Entrevista a Dora Barrancos, CONADU.

Ley 27.635 Equidad de género en servicios de comunicación. Disponible en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Presidencia de la Nación.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación.

Programa Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor. Disponible en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

D’Alessandro, M., Brosio, M. y Guitart, V. (2015, 4 de septiembre) La economía con mirada de género. Disponible en EcoFeminista.