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A partir del 24 de marzo de 1976 se cierra una etapa de confrontación, poco reconocida por el conjunto social, entre fuerzas sociales antagónicas: la insurgencia popular y el campo antisubversivo. Se inicia así otra estapa a la que, por sus consecuencias, le cabe la denominación de genocidio. El genocidio siempre se produce cuando se ha logrado fragmentar y aislar a una de las fuerzas en lucha. Por eso, todas las resistencias que se opusieron al exterminio durante la dictadura se dieron en condiciones objetivas de aislamiento. A partir de ese momento, el poder del Estado y su discurso transformaron la disidencia, la protesta organizada y la acción política en formas de “delincuencia subversiva”.

Pero volvamos un poco atrás. La denominación de contrainsurgencia es abordada desde un orden que contempla la categoría jurídico, político y militar. En principio, se llama así a un periodo de confrontación social entre fuerzas sociales en pugna que se articulan en torno a estrategias opuestas. Un dato relevante estudiado por el sociólogo Juan Carlos Marín para caracterizar los enfrentamientos de esa etapa es que comenzaron previamente a 1976 como una “guerra civil”. De 8502 hechos armados, la mitad los inició el campo antisubversivo y la otra mitad los grupos armados revolucionarios, lo que se llamaba el campo “subversivo”. Con esos datos Marín fundamenta su concepto de “periodo de guerra“ y agrega que se trata de una “guerra perdida", ya que las cifras de muertos fueron mayoritariamente del campo popular.

El campo antisubversivo estaba formado por dirigentes de las fracciones de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que ya habían actuado en acontecimientos como el Cordobazo. En algunas acciones contaron con el apoyo de dirigentes sindicales y políticos de derecha. En tal sentido, se reconoce el año 1969 como un punto de inflexión, donde se militariza la provincia de Córdoba y se toma la decisión de aniquilar a los militantes de las clases populares, protagonistas de la protesta de la clase obrera y el movimiento estudiantil. A partir de 1973 esas fuerzas represivas se integraron en la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina. En 1974, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley, sancionado como Ley 20840 de seguridad nacional, que reprimía "los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación", desde este marco se dio inicio al Operativo Independencia en el norte argentino. 

Los principales grupos armados revolucionarios, ERP y Montoneros, habían iniciado gestiones desde el año 1975 para ser reconocidos como fuerzas beligerantes en Naciones Unidas, ya que ese reconocimiento tiene un estatuto jurídico que hubiera obligado a las fuerzas en pugna a respetar las convenciones internacionales sobre el trato de prisioneros. Como señala Inés Izaguirre de haberse admitido legal y públicamente desde el gobierno que había una guerra al interior de la sociedad, las fuerzas armadas del Estado hubieran debido rendir cuentas ante los otros poderes y no habrían podido aplicar en forma masiva los procedimientos que utilizaron. 

Una vez producido el golpe cívico-militar, el “no reconocimiento“ oficial de la contrainsurgencia forma parte de las características estratégicas del tipo de confrontación librada, plena de actos inconfesables, no visibles e impunes, donde el enemigo es la porción disidente de la población que afirmaba estar librando una guerra revolucionaria sin advertir su derrota.

La clandestinidad del aniquilamiento, que es un objetivo propio de la guerra contrainsurgente, tiene la función de encubrir el proceso mismo de la guerra y de impedir a los distintos componentes de la fuerza enemiga, pero sobre todo al conjunto social de donde aquella se nutría, la realización de una lectura correcta de los hechos. El "engaño" forma parte de toda estrategia de guerra, pero en este tipo de confrontación es decisivo y multidireccional.

En el ámbito laboral, la represión estuvo fuertemente focalizada en los delegados fabriles. La instalación de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en las proximidades o incluso dentro de grandes complejos industriales, confirman la complicidad cívico-empresarial. El aniquilamiento de la dirigencia obrera fue selectivo y quirúrgico, se utilizó el secuestro, la tortura y la desaparición forzada como métodos para eliminar a los delegados sindicales de base, activistas gremiales y cuadros militantes que habían logrado un alto grado de poder de negociación y control sobre el proceso de trabajo en los años previos. La “indisciplina “obrera fue una de las víctimas de esa estrategia.

Referencias y recursos bibliográficos

Bejar, María Dolores (2015) Historia del siglo XX, Europa, América, Asia, África y Oceanía; Siglo XXI.

Bonavena, Pablo Augusto. (2021). Algunos apuntes sobre la Operación Gladio, la contrainsurgencia en Europa y su llegada a la Argentina a través del peronismo. Ponencia Mendoza.

Dicósimo, Daniel (2008) Indisciplina y consentimiento en la industria bonaerense durante la última dictadura militar. Los casos de Loma Negra Barker y Metalúrgica Tandil. (Recuperado de Scielo Argentina).

Izaguirre, I. “La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina”.  Debate, en Razón y Revolución nro. 4, otoño de 1998, reedición electrónica.  

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