“Ser quien soy cuesta tanto, entre máscaras, nombres, silencios y espejos. Ser quien soy es no olvidar”

(Walsh, M.E., Identidad)

La identidad y las identidades no son conceptos estáticos ni meramente individuales; son construcciones sociales, políticas y culturales que se tejen en la urdimbre de la historia colectiva. En el contexto de la República Argentina, esta noción adquiere una resonancia singular y dramática, ligada intrínsecamente a la experiencia del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La lucha por la identidad, iniciada como una respuesta a la barbarie genocida, se ha consolidado como el eje de una deuda social y política que atraviesa el presente.

La identidad se define como el conjunto de rasgos que individualizan o distinguen a una persona o a un colectivo. Comprende dimensiones biológicas (origen, filiación), sociales (nombre, ciudadanía, cultura) y políticas (ideología, pertenencia, historia). Es el derecho a saber quién se es y de dónde se viene, un pilar fundamental de la dignidad humana y un derecho humano inalienable, como lo garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyos artículos 7, 8 y 11 son conocidos como los "artículos argentinos" gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos.

En el plano colectivo, las identidades (plural) son la base de la cohesión social y la diversidad democrática. La posibilidad de reconocerse y ser reconocido en el seno de una historia compartida, con sus matices y contradicciones, es lo que permite la articulación de una sociedad plural y sujeta a derechos. La negación o manipulación de la identidad individual o colectiva es, por lo tanto, un acto de violencia radical que busca desintegrar al sujeto y al tejido social.

La dictadura cívico-militar argentina implementó un plan sistemático de aniquilación ideológica, política y física que tuvo en el ataque a la identidad uno de sus componentes más perversos y duraderos. El terrorismo de Estado no solo buscó eliminar a lo que la dictadura calificó como "subversivos" (militantes políticos, sociales, sindicales, intelectuales y opositores en general), sino también erradicar el sentido de sus vidas, sus proyectos y su descendencia.

El método más cruel en este sentido fue la apropiación de bebés nacidos en centros clandestinos de detención y el secuestro de niñas pequeñas y niños pequeños junto a sus madres desaparecidas o padres desaparecidos. Estas niñas y niños fueron inscriptas e inscriptos con nombres falsos y entregados a represores o personas afines al régimen, creciendo bajo una identidad falseada o "insanablemente enferma", como lo describen Matilde Herrera y Ernesto Tenembaum:

"La identidad que se puede llegar a construir con los apropiadores está fundada en una situación mentirosa, pero además es una mentira que encubre un crimen. Está insanablemente enferma. Lo que se niega, se mezcla con lo biológico, lo político y lo ideológico" (Herrera y Tenembaum, 2001: 153).

Este acto no fue un "exceso" sino una pieza clave en la lógica genocida, buscando borrar el rastro biológico y, sobre todo, el legado político e ideológico de los desaparecidos. Al despojar a una niña o un niño de su origen, se intentaba garantizar que la generación futura creciera desvinculada del proyecto de país por el que lucharon sus padres, cortando la cadena de transmisión de la memoria y la resistencia.

Frente a esta política de exterminio de la identidad, surgieron movimientos de resistencia que transformaron la búsqueda de la filiación en una lucha de dimensión universal. Las Abuelas de Plaza de Mayo son un ejemplo paradigmático. Su labor no se limitó a la búsqueda biológica de sus nietos/as, sino que constituyó un esfuerzo monumental por restituir la historia, la verdad y la dignidad a esos jóvenes y a la sociedad toda.

La búsqueda por la restitución de la identidad se convirtió en un acto de sanación en tres niveles: individual (para la o el joven que recupera su historia), familiar (para la familia que lo busca) y social (para la sociedad que rompe con la lógica del genocidio y reafirma el valor de la vida y la verdad). El desarrollo del Índice de Abuelidad, una herramienta científica de identificación de parentesco biológico a través de la genética, subraya la alianza entre la ciencia y los derechos humanos para desmantelar la mentira fundacional del terrorismo de Estado.

A pesar de los logros en Memoria, Verdad y Justicia, en la actualidad Argentina se encuentra con una deuda social y política aún vigente, directamente ligada al legado de la dictadura y al derecho a la identidad.

1. La deuda de la restitución pendiente

La más evidente de las deudas es la persistente falta de identificación de alrededor de 300 nietas y nietos que fueron apropiadas y apropiados. Estas mujeres y estos hombres son hoy personas adultas que viven con una identidad fraguada, desconociendo su origen verdadero, su nombre y la historia de sus padres biológicos. La sociedad, a través del Estado, tiene la obligación irrenunciable de seguir buscando y promoviendo el derecho de estos ciudadanos a la verdad. Cada nieta o nieto que recupera su identidad no es solo un triunfo individual, sino un acto de justicia colectiva que reafirma la democracia.

2. La deuda de la memoria y el discurso negacionista

Una parte crucial de la deuda política actual reside en la disputa por el sentido de la memoria. El surgimiento de discursos que niegan, minimizan o justifican los crímenes de lesa humanidad de la dictadura (el negacionismo) representa una amenaza directa a la identidad democrática del país.

El negacionismo busca revertir el consenso social alcanzado a lo largo de décadas sobre la naturaleza criminal del terrorismo de Estado, atacando conceptos como el de los 30.000 desaparecidos o la existencia de un plan sistemático de apropiación. Este embate pone en riesgo la identidad democrática argentina, que se ha edificado precisamente sobre el pilar del "Nunca Más". Defender la memoria es defender la identidad nacional construida sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos.

3. La deuda en el fortalecimiento institucional y social

La dictadura dejó heridas profundas en la identidad colectiva al minar la confianza en las instituciones del Estado y al promover un modelo de desintegración social basado en el miedo y el individualismo. La deuda política implica hoy un esfuerzo constante por fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia judicial para los juicios de lesa humanidad y promover una identidad nacional inclusiva, donde las diversidades ideológicas sean respetadas sin que ello implique la repetición de la violencia política del pasado.

La democracia se construye y se defiende día a día, y su principal defensa es la verdad histórica. Una sociedad que ignora o tergiversa su pasado dictatorial corre el riesgo de repetir sus errores, perpetuando el sufrimiento y la injusticia.

La identidad, tanto individual como colectiva, es el campo de batalla moral y político que define a la Argentina postdictadura. El terrorismo de Estado la atacó para borrar un proyecto político y social; la respuesta de los organismos de derechos humanos la ha resignificado como un derecho innegociable y el motor de la justicia transicional.

La tarea de saldar la deuda implica, primero y principal, la continuidad incondicional de la búsqueda de las nietas apropiadas y los nietos apropiados. Pero también exige una vigilancia activa contra cualquier intento de relativizar o negar el genocidio, y un compromiso profundo con la construcción de una identidad nacional basada en el respeto, la memoria y la plena vigencia de los derechos humanos. La identidad es el hilo conductor entre los crímenes del pasado y la promesa de un futuro donde el "Nunca Más" sea una realidad inamovible.

Referencias y recursos bibliográficos 

Herrera, M. E. (2001). Identidad: despojo y restitución. Planeta.

Ministerio de Educación de la Nación (2021). Identidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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