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El impacto de la última dictadura militar argentina (1976-1983) sobre el sistema científico-tecnológico no puede comprenderse únicamente como un proceso de represión y censura. Si bien el régimen militar impuso un disciplinamiento ideológico, persiguió a docentes, científicos y estudiantes y desfinanció organismos, al mismo tiempo impulsó el crecimiento de ciertos sectores considerados estratégicos, en especial en el ámbito nuclear. 

Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue intervenido por el Poder Ejecutivo, ya en 1975, argumentando entre sus motivos la infiltración ideológica; en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) circularon panfletos que advertían acerca de la infiltración comunista y que revelaban nombres de profesionales del Departamento de Física; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también se vio progresivamente afectado por un fuerte vaciamiento de sus recursos materiales. Esto implicó no solo la retracción de las funciones relacionadas con el desarrollo y transferencia de tecnología, también significó una importante reducción de personal (Bekerman, 2012).

Particularmente en el caso del CONICET, creado en 1958, considerado el principal organismo de política científica, a partir de 1976 el Ministerio de Educación a cargo de Ricardo Bruera, ministro de Educación desde el comienzo de la dictadura hasta mediados de 1977, implementó una política de transferencia de recursos para investigaciones desde las universidades hacia este organismo, por tratarse de un “ámbito controlable” y menos vulnerable a la infiltración comunista. Así, el presupuesto del CONICET llegó a ser de seis veces más hacia 1981, produciendo una fractura en las relaciones entre este organismo y las universidades.

Esta dinámica compleja y contradictoria revela que la ciencia fue utilizada de manera selectiva: reprimida y vaciada en los espacios percibidos como focos de resistencia ideológica, y fortalecida cuando resultaba útil a los proyectos políticos y económicos del régimen.

Uno de los aspectos más significativos fue la fractura entre las universidades y el CONICET. El Ministerio de Educación transfirió a partir de 1976 gran parte de los fondos destinados a la investigación universitaria hacia el CONICET, con el argumento de que era un organismo más controlable y menos vulnerable a la “agitación política” (Feld, 2015). Este proceso implicó un debilitamiento profundo de las universidades como espacios de producción científica y un crecimiento exponencial del CONICET, cuyo presupuesto se multiplicó en la segunda mitad de la década de 1970. Fernández Larcher (2015) señala que esta política formó parte de una estrategia de despolitización que buscaba romper la relación entre docencia e investigación, desarticulando la vida académica como espacio de debate y resistencia.

Sin embargo, este aumento de recursos en el CONICET no siempre se tradujo en un mayor desarrollo científico. Muchos proyectos aprobados no se ejecutaban o se realizaban de manera parcial, y los criterios de evaluación respondieron más a la alineación ideológica que a la calidad académica. El organismo se convirtió así en un espacio atravesado por el disciplinamiento político: quienes eran sospechados de tener simpatías opositoras eran excluidos del acceso a becas, subsidios o cargos. En términos presupuestarios se convirtió en uno de los principales beneficiarios de fondos estatales, operaba bajo una lógica de control político que restringía la diversidad ideológica y limitaba la investigación autónoma. Feld (2015) subraya que el crecimiento del organismo debe entenderse menos como un apoyo al desarrollo científico y más como una forma de concentración de recursos en un ámbito considerado seguro por el régimen.

El panorama se complejizó aún más al considerar el destino desigual de los diferentes organismos de ciencia y técnica. El INTA sufrió recortes presupuestarios, pérdida de autonomía y una orientación de sus investigaciones hacia los intereses de los sectores más concentrados del agro. Como sostiene Gargano (2015), se trató de un vaciamiento de la dimensión pública del organismo, que dejó de cumplir un rol social para transformarse en un espacio subordinado a las lógicas del capital privado.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atravesó un proceso similar. Fue objeto de un vaciamiento progresivo que implicó una fuerte reducción de personal y recursos, lo que limitó drásticamente su capacidad de transferencia tecnológica. En un contexto de apertura externa y desindustrialización, el debilitamiento del INTI significó un retroceso en las posibilidades de modernización productiva de la Argentina.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) representa el caso más paradójico. A diferencia de otros organismos, experimentó un crecimiento sin precedentes durante la dictadura. Desde su creación en 1950, había mantenido una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Marina, que dirigió el organismo por más de tres décadas. Fernández Larcher (2015) explica que esta trayectoria permitió que la CNEA fuera concebida como un enclave estratégico en tiempos de dictadura. En 1979, bajo la conducción militar, se aprobó un plan ambicioso que incluía la construcción de cuatro reactores de potencia y plantas para completar el ciclo del combustible nuclear. Spivak L’Hoste (2015) detalla que este programa multiplicó el presupuesto de la institución hasta superar los 1.000 millones de dólares anuales, en un contexto en el que las universidades y otros organismos sufrían recortes drásticos.

Para el capitán Castro Madero, director del CNEA, graduado en física nuclear en el Instituto Balseiro, la principal razón que justificaba la expansión del programa nuclear era la necesidad de incrementar la capacidad energética del país. A comienzos de la dictadura militar la capacidad energética instalada era de 6.000MW aproximadamente.

Este fortalecimiento del sector nuclear no puede comprenderse únicamente como un capricho del régimen, sino que debe leerse en el marco de lo que Hurtado de Mendoza (2009) denomina una “cultura nuclear”. Según este autor, existía un consenso compartido por militares, técnicos y científicos acerca del valor geopolítico y simbólico de la energía atómica. El desarrollo nuclear era percibido como un camino hacia la autonomía tecnológica y la soberanía nacional, lo que explica por qué, aun en un contexto represivo y de vaciamiento en otras áreas, la CNEA recibió un apoyo inédito.

La contradicción es evidente: mientras la política oficial debilitaba a universidades, INTA e INTI, considerados espacios vulnerables a la resistencia ideológica, potenciaba organismos como el CONICET y, sobre todo, la CNEA, cuya utilidad estratégica justificaba la inversión. Esta paradoja muestra que la ciencia fue instrumentalizada según los intereses del régimen. Como señala Bekerman (2012), la dictadura implementó mecanismos de censura y persecución, al mismo tiempo que desplegaba un discurso de modernización tecnológica para legitimar su poder.

El disciplinamiento no se limitó a las instituciones, sino que también se aplicó a la producción cultural y educativa en ciencias. Se prohibieron libros, se controlaron contenidos escolares y se persiguió a docentes e investigadores vinculados con ideologías críticas. Estos mecanismos redujeron la libertad académica y convirtieron a la ciencia en una herramienta funcional al poder militar, en detrimento de su autonomía y diversidad.

En síntesis, la política científica de la dictadura argentina debe entenderse como un proceso de reconfiguración más que de simple destrucción. Si bien la represión, la censura y el vaciamiento marcaron a gran parte de las instituciones, al mismo tiempo se produjo un impulso selectivo en áreas estratégicas, especialmente en el sector nuclear. 

Esta dinámica ambivalente muestra cómo la ciencia fue al mismo tiempo víctima y herramienta del régimen, dejando huellas profundas en las instituciones científicas de Argentina.

Referencias y recursos bibliográficos

Bekerman, F. (2012). La ciencia argentina durante la última dictadura militar (1976-1983). En C. Gárgano (Comp.), Ciencia en dictadura: Trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina (pp. 29-54). Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Feld, A. (2015). La ciencia bajo sospecha: control y disciplinamiento en el CONICET durante la dictadura. En C. Gárgano (Comp.), Ciencia en dictadura (pp. 85-114). Buenos Aires, INTA.

Fernández Larcher, M. (2015). Políticas científicas y control ideológico en el CONICET (1976-1983). En C. Gárgano (Comp.), Ciencia en dictadura (pp. 55-84). Buenos Aires, INTA.

Gárgano, C. (2015). El INTA intervenido: ciencia, técnica y dictadura en la Argentina (1976-1983). En C. Gárgano (Comp.), Ciencia en dictadura (pp. 115-142). Buenos Aires, INTA.

Hurtado de Mendoza, D. (2009). Energía nuclear y dictadura militar en la Argentina (1976-1983). Revista CTS, 5(13), 27-64. 

Spivak L’Hoste, A. (2015). La Comisión Nacional de Energía Atómica durante la dictadura militar: proyectos, estrategias y financiamiento. En C. Gárgano (Comp.), Ciencia en dictadura (pp. 143-168). Buenos Aires, INTA.

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