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A lo largo del tiempo, las relaciones entre patrón y trabajador muestran una continuidad histórica de dependencia y control. Tras la crisis del esclavismo, en el feudalismo los señores concentraban la tierra, el poder y extraían la renta de siervos dependientes de esas tierras para sobrevivir bajo una obediencia naturalizada atravesada por vínculos personales, sostenida por prerrogativas legales, religiosas e ideologías legitimadoras. Con la industrialización la explotación se moderniza: la propiedad privada del capital y la venta de fuerza de trabajo por salario sustituyen al lazo personal, pero la subordinación persiste. La burguesía controla el poder político y el Estado protege la propiedad y regula el trabajo en favor de la acumulación. El capital invierte en técnica y organización para elevar la productividad y la extracción de plusvalía.

En Argentina, a mediados del siglo XX, el modelo agroexportador convivió con un movimiento obrero fuerte. La primera etapa peronista consolidó los derechos laborales y la participación política de los asalariados. A fines de los ‘60 y en los ‘70 la conflictividad creció: comisiones internas, delegados y sindicatos de base impulsaron movilizaciones masivas. El Cordobazo de 1969 fue un punto de inflexión que cuestionó a la burocracia gremial y fortaleció prácticas de lucha directa. Antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 se multiplicaron episodios de violencia promovidas por organizaciones armadas de diverso signo ideológico. En aquel contexto, algunas direcciones empresariales percibieron a las organizaciones sindicales como una amenaza y promovieron la criminalización de los conflictos. Hubo quienes, incluso, comenzaron a compartir información a las autoridades sobre activistas, a la vez que alentaron medidas represivas por parte de la autoridad estatal.

El golpe de 1976 instauró un cambio económico y político profundo: apertura, desindustrialización, estatización parcial de deudas privadas y prioridad a la especulación financiera que desencadenó una caída del salario real, precarización y pérdida del poder político y económico obrero. Se consolidó una alianza entre militares y representantes del capital que se vieron beneficiados de un sistema de disciplinamiento donde el miedo y la pobreza funcionaron como herramientas para restaurar la autoridad y reconfigurar las relaciones sociales y laborales perdurables.

Un ejemplo paradigmático de la alianza entre empresa, Estado y represión fue la planta de Mercedes-Benz Argentina (MBA), filial de la multinacional alemana, ubicada en González Catán, La Matanza. Esta planta fue escenario de una represión sistemática contra los trabajadores organizados del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor).

En los años previos al golpe, la empresa vivió una fuerte conflictividad sindical. A comienzos de la década de 1970, los obreros formaron el “grupo de los nueve”, una comisión interna combativa que desafiaba a la conducción oficialista del gremio, que era más cercana a la empresa que a los obreros. Esto derivó en el despido de miles de trabajadores y en la huelga de 22 días que comenzó el 8 de octubre de 1975. El conflicto culminó con el secuestro del gerente de producción Heinrich Franz Metz por parte de Montoneros, quienes exigieron la reincorporación de los despedidos. La empresa aceptó las condiciones.

Tras el golpe de estado de 1976, Mercedes Benz se convirtió en foco de persecución del movimiento obrero. Como detalla el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: “Al menos veinte trabajadores de Mercedes-Benz resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Quince están desaparecidos.

La mayoría de las víctimas tenía militancia gremial en la fábrica o había participado activamente en conflictos laborales. [...] Existe importante evidencia que indica que colaboró en gran medida con la represión y que algunos directivos tuvieron una directa responsabilidad en los secuestros” (T. 1, 491).

Los testimonios de Héctor Ratto y Juan José Martín, obreros sobrevivientes, fueron claves para demostrar esta colaboración. Ratto declaró que los represores usaron datos de la empresa y que el jefe de producción, Juan Tasselkraut, entregó a los militares la dirección de un compañero desaparecido. Martín fue secuestrado en 1977, la empresa fue informada de que en su casa hallaron libros marxistas y usó ese argumento para no reincorporarlo, mientras su esposa recibió un telegrama que evidencia el conocimiento previo de la empresa. 

En 1978, Mercedes-Benz contrató como jefe de seguridad al comisario Rubén Luis Lavallén, vinculado a un centro clandestino de detención, y realizó donaciones al Ejército, incluyendo equipos médicos destinados al hospital de Campo de Mayo, donde permanecían en cautiverio mujeres embarazadas desaparecidas. Años más tarde, la empresa pagó indemnizaciones a las familias de varios trabajadores desaparecidos, lo que, lejos de reparar el daño, constituyó un reconocimiento tácito de su responsabilidad en los crímenes del terrorismo de Estado

Como aborda el libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, Mercedes Benz fue investigada por Gabriela Weber por su participación en la represión laboral durante la dictadura argentina. Tras las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, los juicios en Argentina parecían imposibles de realizar. Entre 1999 y 2003, el obrero Héctor Ratto denunció en Alemania al gerente de producción Juan Tasselkraut por ser colaborador en la represión de trabajadores en la empresa de Mercedes Benz Argentina (MBA). La fiscalía de Nuremberg-Fuerth investigó el caso, pero finalmente fue archivado por falta de pruebas.

En Argentina, la causa comenzó en 2002, impulsada por ex trabajadores y familiares con el apoyo del CELS, quienes acusaron a MBA y al sindicato SMATA de entregar listas de obreros a las fuerzas militares, así como la colaboración de directivos con el entonces ministro de trabajo Carlos Ruckauf, que se desempeñaba en dicho cargo en el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Aunque se conocieron indicios de complicidad, no hubo imputaciones y la causa quedó paralizada. Finalmente, en 2023 Tasselkraut fue procesado en Argentina por el secuestro de dos trabajadores en 1977, reabriendo el debate sobre la responsabilidad empresarial.

El vínculo entre las empresas y el Estado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina se relacionó con una estrategia económica y social dirigida a disciplinar a la clase trabajadora. La revancha clasista, como plantea Victoria Basualdo, fue un proceso estructural donde el capital, aliado con las Fuerzas Armadas, buscó recuperar su hegemonía mediante el terror, el control y la destrucción del tejido sindical.

Casos como el de Mercedes Benz Argentina, entre otras empresas de la época, evidencian la colaboración empresarial con las fuerzas represivas del Estado que supera la noción de "complicidad", para pasar a definirse como "responsabilidad empresarial". Estas compañías aportaron información, logística y recursos materiales para la persecución, secuestro y desaparición de trabajadores sindicalizados.

La represión no fue un fenómeno aislado, sino un componente necesario para la transformación estructural del modelo económico argentino. La política económica de Martínez de Hoz buscó imponer la especulación financiera sobre la producción industrial, destruyendo las conquistas obreras acumuladas durante el período previo. Como señaló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar (1977), la dictadura implementó una miseria planificada al servicio de los grandes grupos económicos. Este proceso implicó una redistribución regresiva del ingreso y la consolidación de un nuevo orden laboral basado en el miedo, la precarización, la despolitización obrera y la subordinación total del trabajador al capital. 

El caso MBA demuestra cómo la ofensiva contra el trabajo dejó secuelas institucionales y sociales que atravesaron la transición democrática y debilitaron al sindicalismo nacional. 

Referencias y recursos bibliográficos

Basualdo, V. (2006). Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Comisión Provincial por la Memoria.

Comité de Unidad Campesina (CUC). (2007). Clases sociales, forma de Estado y modos de producción. Rukemik Na’ojil.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2015). Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad (Tomos I y II).

Página 12. (22 de septiembre de 2023). Procesaron a un exgerente de Mercedes Benz: “La dictadura fue un gobierno de alianza con sectores dominantes”.

Verbitsky, H. y Bohoslavsky, J. P. (Eds.). (2013). Cuentas pendientes: Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI.

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