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El robo de identidad de menores fue una práctica sistemática y generalizada que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos o desaparecidos. La desaparición forzada de personas, la detención clandestina y el control absoluto sobre la vida de las prisioneras y los prisioneros permitieron que, en muchos centros de detención, mujeres embarazadas dieran a luz en cautiverio. Los niños nacidos bajo esas condiciones eran sistemáticamente separados de sus madres y entregados a familias afines al régimen o terceros que actuaban en complicidad con los organismos de inteligencia y represión. Este sistema organizado de apropiación formaba parte de una maquinaria de ocultamiento que buscaba borrar cualquier rastro de las víctimas y de su descendencia, destruyendo la continuidad familiar y afectiva.

La suplantación de identidad también afectó a adultos; documentos de identidad eran falsificados o apropiados para presentar a personas detenidas como fallecidas o desaparecidas con una identidad distinta. Los archivos oficiales fueron intervenidos o manipulados para ocultar el origen real de menores y construir historias legales que sostuvieron la nueva identidad impuesta. Muchas veces se refrendaron partos con actas de nacimiento adulteradas o se inscribieron bebés como hijos de supuestas familias adoptivas que actuaban bajo una fachada de legalidad. Este mecanismo de falsificación no solo buscaba engañar, sino también generar una apariencia de normalidad dentro del caos represivo.

Es importante entender que este robo de identidad no fue un hecho aislado: existió una política, en el sentido amplio, que combinó prácticas directas (apropiación y entrega de niños) y encubrimiento institucional (corrupción de registros, pasividad de jueces, complicidad de sectores médicos y eclesiásticos). Este entramado de complicidades formó parte de la estructura de poder del terrorismo de Estado, que pretendía no solo eliminar a los opositores, sino también borrar su existencia simbólica, negando su descendencia y anulando toda posibilidad de continuidad familiar o política. 

Para las víctimas directas (las niñas apropiadas y los niños apropiados) los efectos abarcan la pérdida de su historia personal, de nombres, tradiciones y vínculos, y en muchos casos la internalización de valores que reproducen la ideología represiva del régimen. Recuperar una identidad verdadera implica procesos psicológicos complejos: reconstrucción de historia, duelo por la familia biológica, pérdida de la vida anterior y, a veces, rechazo o confusión por parte de quienes fueron sus criadores. En muchos casos, este proceso de restitución se vive como una segunda ruptura, una nueva transformación de la identidad, que exige un gran acompañamiento emocional, jurídico y social. Ante estas prácticas, surgieron y se consolidaron organizaciones de derechos humanos que desempeñaron un papel central en la búsqueda de justicia y en la reivindicación de la verdad. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en la voz más visible y persistente en la búsqueda de las nietas apropiadas y los nietos apropiados ilegalmente durante este proceso. Su estrategia combinó la denuncia pública, la recolección de testimonios, el uso de la ciencia (posteriormente del Banco Nacional de Datos Genéticos) y la presión política y judicial constante. Su trabajo, sostenido durante décadas, fue esencial para mantener viva la causa en momentos de indiferencia o negacionismo.

Con el avance de la genética, se desarrollaron técnicas de identificación que resultaron decisivas: la comparación de ADN entre los nietos sospechosos y las familias señaladas permitió confirmar filiaciones y demostrar apropiaciones. Laboratorios y bancos de datos genéticos, junto a protocolos judiciales y la colaboración internacional, facilitaron la restitución de identidades en numerosos casos. Estas herramientas científicas dieron sustento objetivo a las denuncias y mostraron que la verdad biológica podía reconstruirse incluso después de años de silencio y encubrimiento. 

El robo de identidad durante la dictadura militar argentina no fue un error burocrático ni un hecho aislado; fue parte de una política de terrorismo de Estado que buscó arrancar la base misma de la identidad de las víctimas y negar su existencia. Para comprender la magnitud del daño exige reconocer las múltiples dimensiones del crimen: personal, familiar, institucional y simbólica. Y sostener políticas de memoria, justicia y reparación sostenidas en el tiempo. La recuperación de identidades y la sanción a los responsables iluminan una vía de reparación, pero también muestran que la verdad requiere constancia, investigación, documentación, ciencia y, sobre todo, una profunda voluntad política y social. Preservar la memoria de lo ocurrido es una responsabilidad colectiva que interpela al presente para vigilar, reflexionar, defender y no olvidar los hechos ocurridos en el pasado. 

Referencias y recursos bibliográficos

Abuelas de Plaza de Mayo. (s. f.). Recuperación de identidad.

Centro de Estudios Legales y Sociales. (2016). Derechos Humanos en la Argentina.

Página 12. (2023). Historias recuperadas: hijos e hijas restituidos durante la dictadura.

Wikipedia. (s. f.). Apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar (Argentina).

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