El escritor argentino Ricardo Piglia decía que la dictadura había sostenido un “lenguaje quirúrgico” para hablar de la realidad: la sociedad era un cuerpo humano y la subversión, un cáncer a extirpar. Por eso, quienes cursaron la escuela secundaria durante los años del terrorismo de Estado, tienen grabada una frase que se leía en los libros de Formación Moral y Cívica de Roberto Kechichian, “la familia es la célula básica de la sociedad”. Esa materia, que hoy en la provincia de Buenos Aires se llama Construcción de Ciudadanía, cambió varias veces de nombre y con cada uno de ellos modificó no solo su enfoque, sino también el sentido de la formación de las ciudadanías; el modo en que enseña a participar de la vida política y el rol de las juventudes.

La primera materia dedicada a la formación ciudadana se llamó Instrucción Cívica y se implementó a partir de 1874. Sus contenidos principales eran la Constitución Nacional y la moral cívica, que implicaba el conocimiento de las obligaciones frente a un orden que reconocía como única forma de participación el acto electoral para quienes tenían ese privilegio. A partir de 1910, estas enseñanzas se complementaron con la nacionalización de los contenidos y las efemérides escolares.

La transformación más significativa en esta orientación de la materia ocurrió durante el primer gobierno peronista. La reforma educativa, que estableció la gratuidad del nivel universitario y vinculó a la escuela secundaria con el mundo del trabajo, también creó la asignatura Cultura Ciudadana en 1953. Interpelaba a una juventud movilizada y organizada y estaba ordenada en tres ejes centrales: la sociedad, la economía y la política argentinas. El desarrollo del programa tenía una fuerte impronta en la experiencia justicialista, a la que se identificaba como “tercera posición” frente al capitalismo y el comunismo, los dos modelos de organización política adoptados por la mayoría de los países después de la Segunda Guerra Mundial.

En 1955, la dictadura que se llamó a sí misma “Revolución Libertadora”, se propuso “desperonizar” la sociedad a través de mecanismos represivos y de cambios culturales y educativos, entre estos el de la materia destinada a la ciudadanía, que pasó a llamarse Educación Democrática. Paradójicamente, con ese nombre se sostuvo entre 1955 y 1973, tiempo en el que se sucedieron ocho presidentes, seis de facto y dos civiles que fueron elegidos con el peronismo proscripto, Arturo Frondizi y Arturo Illia. A pesar de esta prohibición, la currícula escolar se refería a la “educación democrática”, aunque en los hechos sostenía una concepción de democracia restrictiva y retornaba a los valores del liberalismo clásico.

En 1973, finalmente, hubo elecciones libres. Héctor Cámpora fue consagrado presidente por el peronismo bajo el lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Al poco tiempo de asumir, una de sus medidas educativas fue cambiar sustancialmente el contenido de la formación ciudadana. Se creó la materia ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, influenciada por dos teorías de amplia circulación en esa época: la teoría de la dependencia, que explicaba que como consecuencia del colonialismo algunos países eran más ricos que otros, y la pedagogía de la liberación, enfoque educativo basado en las ideas del brasileño Paulo Freire.

Para acompañar el dictado de la materia se editaron una serie de libros con aportes novedosos para la época. Estaban divididos en “marco conceptual” y “marco activo” (fichas de trabajo y reflexión). También incluían textos originales de autoras y autores consagrados (Marías, Mitre, Jauretche, Borges, Discépolo, Marx, entre otros) y proponían la lectura de imágenes como forma de conocimiento. Los temas que abordaban iban desde la familia, el barrio y la escuela hasta el pueblo argentino, la cultura nacional, el imperialismo y la lucha contra el hambre. La impronta patriótica también estaba presente, como en las versiones anteriores de esta materia, aunque enfocada desde la participación y el compromiso con la “liberación nacional”.

El golpe de Estado de 1976 arremetió con esa materia desde los primeros días. El 31 de marzo planteó la necesidad de “alcanzar la vigencia de los valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del argentino” y fijó las pautas para modificar los contenidos de ERSA mediante una resolución. El 6 de julio comenzó a llamarse Formación Cívica y el 9 de agosto una nueva resolución señaló que la materia “desaparecía” y que las alumnas y los alumnos que la adeudaban no tenían que rendirla, en el boletín les figuraba la palabra “exceptuado”.

El proceso refundacional de la dictadura se concentró en tres ámbitos: uno represivo, uno económico y uno cultural-educativo. En este último, existieron tendencias pedagógicas con elementos “elitistas, oscurantis tas, neoliberales, eficientistas y autoritarios” ordenados en dos estrate gias principales: una represiva, sostenida en el control, la censura y la delación, y otra “discriminadora”, relacionada con los elementos tecnocrá ticos y modernizantes, que planteaba circuitos educativos diferenciados y promovía el vaciamiento de los contenidos en función de las posibilidades de aprendizaje y las etapas evolutivas.

En este marco, la materia Formación Cívica sostuvo un programa que hacía hincapié en la cultura grecorromana, la tradición bíblica y la moral cristiana. Se proponía formar un “hombre argentino” más que a un ciudadano. En 1980 cambió su nombre, una vez más, por el de Formación Moral y Cívica, e incorporó de forma aún más explícita contenidos religiosos. Se sacaron todas las referencias a los derechos políticos y sociales e ingresaron como temas fuertes el cristianismo, la familia tradicional, el nacionalismo conservador.

En el apartado “Rebelión juvenil”, Kechichian, el autor del manual más usado de aquel tiempo, escribió unas líneas que hoy, sabiendo que un tercio de las personas desaparecidas eran jóvenes, provoca escalofríos: “Se habla contemporáneamente de la rebelión juvenil pero nunca se puede admitir rebeldía contra los fundamentos de la sociedad, contra el respeto a la ley. Es importante que ante ideas confusas, incluso en el ámbito de la educación, los padres y los maestros no cedan terreno en este aspecto. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar bajo pena de morir, de suicidarse”.

Este manual es un ejemplo de cómo llegaban al aula las recomendaciones contenidas en “Subversión en el ámbito educativo”, el documento que instaba a que las escuelas fueran un espacio de vigilancia y control al servicio del terror estatal.

En este recorrido se percibe que, a lo largo de la historia, el espacio curricular llamado “educación cívica” fue un terreno de disputa. Tradicionalmente tuvo como objetivo que las y los estudiantes conocieran las normas constitucionales, incluso de memoria (generaciones enteras re citaron el preámbulo de la Constitución Nacional en el frente de la clase), en más de una oportunidad sin relación con el contexto social e histórico, al punto de que la materia, como se ha visto, se siguió dictando durante períodos dictatoriales.

En 1983, a partir del retorno de la democracia, surgió un interés marcado en democratizar el sistema educativo y en revertir las disposiciones autoritarias de la dictadura, se quitaron los exámenes de ingreso, se otorgó libertad de cátedra, se reincorporó a docentes cesanteadas y cesanteados y a estudiantes expulsadas y expulsados y se fomentó la creación de centros de estudiantes. También se realizó el Congreso Pedagógico Nacional, que habilitó un debate social para relevar demandas y elaborar una agenda posible con vistas a reformar el sistema educativo. Si bien no tuvo el resultado esperado, abrió el escenario para que se introdujera la materia Educación Cívica, orientada a la convivencia y la educación en valores, contenidos presentados como flexibles para que pudieran propiciar la relación con el contexto social y las situaciones específicas de las y los estudiantes. La propuesta fue fomentar un “civismo responsable”, que ayudara a superar tanto a las juventudes disciplinadas de los tiempos de la dictadura como a las juventudes revolucionarias de los años setenta.

En estas más de cuatro décadas de vida democrática, este espacio curricular tuvo otras transformaciones fundamentales. En los años no venta, con la Ley Federal de Educación, pasó a llamarse Formación Ética y Ciudadana en la mayoría de las provincias y sus contenidos básicos de jaron de lado a la política y la subsumieron a la ética. Sus ejes centrales fueron las personas, los valores y las normas.

En 2006, la Ley de Educación Nacional 26.206 masificó la escuela secundaria y propició la participación a través de una ley específica para fomentar los centros de estudiantes. Si bien la materia Formación Ética y Ciudadana conservó su nombre, sus contenidos pasaron a tener una mayor impronta en la enseñanza de los derechos humanos y los procesos históricos en los que fueron vulnerados; la ciudadanía política y las formas de participación; las identidades y diferencias de clase, género, étnicas, generacionales.

En la provincia de Buenos Aires, la materia se llama Construcción de Ciudadanía. Su propuesta tiene un enfoque centrado en los derechos y apunta a generar proyectos a partir de las ideas y la participación estudiantil en función de ejes diversos (ambiente, arte, comunicación, mundo digital, Estado y política, identidades y relaciones interculturales, deporte, salud, género, trabajo).

Bibliografía

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