La noción de “memoria completa” es el resultado de las narrativas desarrolladas, desde fines de la dictadura hasta el presente, por agrupaciones integradas por militares, exmilitares, sus familiares y personas allegadas para explicar lo sucedido en la década del setenta. En algunos casos, esta noción reivindica la dictadura, en otros relativiza sus crímenes y en todos considera que la memoria construida colectivamente en nuestro país es “renga”, “incompleta” y no incorpora “el otro lado”.

Esta noción señala que el accionar de los torturadores y asesinos de la dictadura es comparable con el de las y los integrantes de partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones político-militares que, la mayor parte del tiempo, desarrollaron sus actividades en contextos autoritarios.

Pero, como se ha argumentado en diferentes instancias judiciales –desde el Juicio a las Juntas en 1985 en adelante– y en diversas investigaciones académicas, la violencia estatal no puede compararse con otras formas de violencia –por ejemplo la violencia insurreccional–, por lo tanto los únicos crímenes que pueden ser catalogados como “de lesa humanidad” son los cometidos por el Estado.

Por definición, la memoria individual o colectiva es fragmentaria, parcial, selectiva y se escribe en plural. Hay memorias, no memoria en singular, porque los recuerdos siempre son múltiples y se van reelaborando con el paso del tiempo. Por lo tanto, afirmar que puede existir una “memoria completa” resulta conceptualmente contradictorio. Sin embargo, esta locución se ha transformado en una consigna, una idea y, más de una vez, en un #hashtag.

La investigadora argentina Valentina Salvi encuentra un primer registro público de la idea de “memoria completa” en el año 2000, en un discurso del teniente general Ricardo Brinzoni, en ese entonces jefe del Ejército, quien afirma que la memoria de las personas desaparecidas es una “memoria injusta” porque se realiza desde un análisis parcial de la década del setenta. Salvi señala que, en esa intervención, la memoria dejó de ser una categoría exclusivamente de los organismos de derechos humanos para convertirse también en una categoría de los militares y sus allegados civiles.

Los sectores cercanos a la dictadura siempre “lucharon por la memoria”, por construir su propio relato acerca del terrorismo de Estado. Lo hicieron con el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, donde negaron el carácter clandestino y sistemático de la represión. Además, utilizaron en la escena pública expresiones como “guerra no convencional”, “lucha antisubversiva” o “guerra sucia”, como dijo durante el Juicio a las Juntas, el dictador Emilio Massera: “No he venido a defenderme porque nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa”.

También lo hicieron, con mayor o menor visibilidad, a través de agrupaciones como Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (FAMUS), que tuvo presencia hasta la década del noventa con un discurso que reivindicaba a las Fuerzas Armadas como “salvadoras de la Nación”. Estos discursos fueron creciendo a partir del 2006, cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad, una vez derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y cuando se desplegaron políticas estatales de memoria. En aquel contexto, la noción de “memoria completa” incorporó una novedad: el discurso ya no sostuvo un relato triunfalista sobre la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión sino que comenzó a colocar a los militares como víctimas de una “guerra fratricida”.

En esos años surgieron organizaciones que apoyaban y defendían a los militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Algunas estaban integradas por oficiales retirados; otras por familiares y civiles vinculados a las fuerzas. Realizaron acciones en espacios públicos y homenajes en plazas; aparecieron en medios de comunicación; tuvieron una fuerte presencia en las redes sociales y publicaron libros en editoriales reconocidas. Entre estas agrupaciones se destacan el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), la Unión de Promociones (UP); la ya mencionada AFyAPP; la Asociación Justicia y Concordia; e Hijos y Nietos de Presos Políticos.

Aníbal Guevara, integrante de esta última organización y cuyo padre está preso por delitos de lesa humanidad, cuenta en el libro Hijos de los 70, que intentaron que sus padres pidieran perdón por el dolor causado a través de una solicitada pública. “Ustedes tienen que hablar, pedir perdón es una manera de convertirse en actores (…) Si ustedes condenan lo que se hizo y aceptan lo que estuvo mal, después van a poder hablar, explicar, porqué todo tiene su contexto”, cuenta Guevara que les dijeron a sus familiares en la cárcel de Marcos Paz. Sin embargo, no lograron el consenso buscado para la solicitada, y esto generó dentro del penal la conformación de dos grupos, a los que se identificó como “los pide perdoneros y los talibanes”.

Ahora, más allá de estos grupos y sus diferencias, ¿qué significa la noción de “memoria completa”? ¿Cuáles son los principales rasgos de esta idea?

• La relativización del carácter clandestino y sistemático de la represión, una verdad probada en el Juicio a las Juntas Militares en 1985 y en los juicios posteriores. Esta postura produce un acercamiento al negacionismo del terrorismo de Estado.
• La caracterización de los militares como víctimas de la violencia de la lucha armada durante la década del setenta y no como responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos contra la población en nombre del Estado.
• El intento de aplicar al caso argentino el Estatuto de Roma, que define como imprescriptibles cierto tipo de crímenes aunque no hayan sido cometidos por el Estado. Para aplicarlo al caso argentino, sería necesario demostrar que en los setenta hubo “una guerra” y que las organizaciones armadas eran terroristas, es decir: tenían un poder militar homologable al del Estado y/o control efectivo de una porción del territorio nacional. Ambas cuestiones no son demostrables ni jurídica ni históricamente, por lo tanto los delitos cometidos por esas organizaciones no pueden considerarse de lesa humanidad, es decir que prescriben con el paso de determinado tiempo.
• La utilización de categorías similares a las usadas por las organizaciones de derechos humanos pero con un sentido inverso. Por ejemplo: hablar de “presos políticos” para referirse a los condenados por delitos de lesa humanidad. Esta estrategia busca que los responsables del terrorismo de Estado sean reconocidos como “víctimas” de la violencia política de los años setenta.
• La voluntad de participar en la discusión pública a través de manifestaciones en plazas, realización de homenajes y producción editorial.

En el caso del CELTyV, hay que destacar algunas singularidades, ya que este grupo públicamente toma distancia de la reivindicación de la dictadura –aunque relativiza la noción de terrorismo de Estado y visita a los genocidas en la cárcel– y concentra su atención en lograr el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la guerrilla, lo que llaman “los otros muertos”.

A partir de 2015, con el nuevo gobierno, estos grupos fueron ganando espacio. En mayo de 2017, creyeron que era el momento de concretar los reclamos de la “memoria completa” cuando la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un pedido de reducción de pena para un civil condenado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo este fallo, conocido como el “2x1”, no pudo prosperar debido al fuerte rechazo social. En la marcha conocida como “Pañuelazo”, las banderas del pueblo sostuvieron la memoria, la verdad y la justicia como pactos fundamentales para la democracia.

Bibliografía

Arenes, Carolina y Pikielny, Astrid (2016). Hijos de los 70. Historia de la generación que heredó la tragedia argentina. Buenos Aires: Sudamericana.

Palmisciano, Cristian (2017). Memorias y acción política de las Organizaciones para la memoria completa. El caso del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín].

Salvi, Valentina (2009). De vencedores a víctimas. 25 años de memoria castrense.

Revista Temas y Debates, (17), 93-115.

Salvi, Valentina (2019). Derechos humanos y memoria entre los familiares de represores en la Argentina. Papeles del CEIC, 2, 1-14.