Durante la última dictadura existieron 814 centros clandestinos de detención (CCD) en la Argentina, de los cuales 240 estuvieron ubicados en pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los CCD funcionaron en diferentes dependencias estatales como comisarías, destacamentos militares, escuelas, hospitales y en algunos casos en fábricas o casas particulares. Pasaron muchos años para que estos lugares fueran interpelados por las políticas de memoria y atravesaran las preguntas sobre qué hacer con esos espacios, cómo señalarlos para que se conozca la historia y se dé cuenta de que allí se torturó, se mató, se violó, se secuestró y se desapareció a miles de personas. Una de las respuestas fue transformar esos espacios en lo que se conoce como “sitios de memoria”, algunos de ellos están señalizados (284 en todo el país) y otros, alrededor de 45, son espacios culturales y educativos para transmitir la historia y formar en derechos humanos.

Durante muchos años, estos lugares del horror formaron “parte del paisaje”. Algunos pocos fueron reconocidos en la escena judicial por sobrevivientes. Otros fueron mencionados por vecinas y vecinos en voz baja, como parte de un “secreto a voces” que no llegaba a ser denuncia. En democracia, los organismos de derechos humanos buscaron intervenir en esos lugares. Por un lado, pidieron que no fueran demolidos o refaccionados para no perder posibles pruebas jurídicas. Y, por otro lado, comenzaron a elaborar estrategias para identificarlos como lugares de memoria.

En la década de 1990, en tiempos de impunidad, esa tarea encontró renovados obstáculos. Un ejemplo: las inmobiliarias que vendían propiedades sobre la avenida del Libertador frente a la ex-ESMA publicaban avisos clasificados prometiendo que tendrían “vista al parque de la reconciliación” porque Carlos Saúl Menem, presidente entre 1989 y 1999, había presentado un proyecto para demoler el ex centro clandestino y construir una plaza. Las organizaciones de derechos humanos, enteradas de la noticia, activaron estrategias judiciales y lograron evitar la demolición del edificio.

A partir del ciclo iniciado en 2003, la situación cambió radicalmente: muchas de las demandas de las organizaciones de derechos humanos se tradujeron en políticas estatales de memoria y, entre otras cosas, se crearon numerosos sitios de memoria en todo el país. Entonces, la ESMA, lejos de ser demolida, fue transformada en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos y, años después declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

En 2006 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley 13.584, que establece la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y en julio de 2011, la Ley Nacional de Sitios 26.691, los declara “sitios de memoria”.

La experiencia del Holocausto sirvió de inspiración para la creación de sitios de memoria. Una de las referencias fue Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio nazi ubicado en Polonia, que funcionó entre 1941 y 1945, y que a dos años de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, fue convertido en museo. Mediante una ley parlamentaria se protegieron las 191 hectáreas para evitar cualquier intervención que no fuera en pos de la investigación, la educación y la memoria. Allí comenzó un debate sobre qué hacer en este espacio, por ejemplo qué nombre darle. No todas las personas aceptaban la denominación de “Museo estatal Auschwitz– Birkenau”, algunas consideraban que había que llamarlo “lugar conmemorativo” o “monumento”, y muchas insistían en que su nombre tenía que incluir la palabra “cementerio”.

En Argentina, una vez comenzada la tarea de marcación de los sitios, también tuvieron lugar este tipo debates. En algunos de los casos, donde seguían funcionando dependencias de las fuerzas de seguridad, la pregunta era: ¿deben mudarse o es posible la convivencia? En la Brigada de Lanús, por ejemplo, la comisaría siguió funcionando y alojando presos legales hasta 2016, cuando el personal fue trasladado a otra dependencia para dar lugar a la creación del sitio de memoria “El Infierno”, nombre con el que era conocido el CCD que funcionó allí durante la dictadura.

Otra inquietud al momento de pensar los sitios de memoria fue: ¿hay que dejarlos tal como están como testimonio o hay que intervenirlos? Y si se lo hace ¿toda intervención es válida? Invitado a reflexionar sobre estas cuestiones, el sociólogo Horacio González escribió que estos sitios no podían parecerse a los museos tradicionales sino que debían incorporar “un aspecto performativo” que permitiera a las y los visitantes involucrarse de alguna manera, como en los museos contemporáneos. Además, señaló, tendrían que estar por fuera “de las representaciones simbólicas pero evocando toda clase de símbolos a través de la imaginación agonística y participante”. Es decir, si esos lugares habían sido clandestinos y su estrategia había sido la desaparición de los cuerpos, volverlos públicos y representar a quienes “no estaban ni vivos ni muertos” exigía lo que González llamaba una “imaginación agonística y participante”.

Las preguntas que las y los estudiantes suelen hacer cuando recorren estos sitios, desafiantes y genuinas, demuestran, de alguna manera, que el espíritu propuesto por González está latente: ¿cómo no veían nada las vecinas y los vecinos si este lugar quedaba al lado de sus casas? ¿Dónde se bañaban las personas secuestradas? ¿Cómo podían entrar 50 personas en este lugar tan chico? ¿Por qué las tenían acá si después las mataban? ¿Cómo era que venían curas y no denunciaban lo que veían? Y el personal médico que llegaba cuando nacían las niñas y los niños, ¿no curaba a las madres? ¿Dónde escondieron los elementos de tortura? ¿Por qué algunos quedaron vivos? ¿Cómo tapaban los ruidos? ¿Qué hacían las mujeres con la menstruación?

En la provincia de Buenos Aires funcionan varios sitios de memoria, algunos dependen del Estado nacional, de la Comisión Provincial por la Memoria, de los municipios y otros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que gestiona y/o cogestiona el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, La Cacha, Monte Pelloni, el Espacio para la memoria las Flores y la ex-Comisaría 5ª.

Uno de los sitios destacados de la provincia es el Espacio Faro de la Memoria, ubicado en Punta Mogotes, a metros de la playa, en Mar del Plata. Desde 1891 en ese lugar hay un faro, que motivó la presencia del servicio de hidrografía de la Armada y la creación de la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM). Pero entre 1976 y 1979, el lugar fue utilizado como CCD en coordinación con el más grande de la ciudad, la Base Naval de Mar del Plata. Fue identificado como tal en 1984 a través de las denuncias recibidas por la CONADEP Mar del Plata, aunque el proceso de desafectación recién comenzó en 2001, en el marco de los “juicios por la Verdad”.

Además, el faro se volvió tema de discusión pública cuando la Armada alquiló parte del predio para que la empresa Aquarium emplazara el “Parque del Faro. Había una vez…”. Este hecho generó grandes movilizaciones de organizaciones de derechos humanos, grupos barriales, sindicales, políticos y estudiantiles y motivó la conformación del Colectivo Faro de la Memoria. Mediante la lucha y la tarea legislativa se logró avanzar con el proyecto de construcción de un sitio de memoria, que fue inaugurado en 2014. Hoy allí funciona el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos conocido como Faro de la Memoria, que ofrece visitas guiadas, talleres, actividades de promoción de los derechos humanos y de investigación sobre el terrorismo de Estado.

En la provincia de Buenos Aires, en 2017, fue creado el sitio de memoria del Cementerio Municipal de General Lavalle, donde fueron enterrados como NN cuerpos de personas desaparecidas que fueron arrojados al mar en los “vuelos de la muerte”. En plena dictadura, estos cuerpos fueron hallados en las costas de Mar de Ajó, La Lucila del Mar, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas, Punta Médanos y San Clemente del Tuyú. En 1984, por orden del intendente de Lavalle se realizaron las primeras exhumaciones de 17 de esos cuerpos que estaban enterrados en una fosa común, aunque no pudieron ser identificados. Entre 2004 y 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense llevó adelante una segunda etapa de exhumaciones que esta vez sí pudo identificar a 19 personas, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo desaparecidas Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco; Ángela Auad y la monja francesa Léonie Duquet.

Las evidencias en Lavalle fueron fundamentales para probar la existencia de los “vuelos de la muerte”. Para que se convirtiera en sitio de memoria fue central la tarea desarrollada por docentes y estudiantes de secundaria de la Escuela Nº 1 Gral. Manuel Belgrano, quienes en el marco del programa Jóvenes y Memoria investigaron y realizaron las gestiones necesarias para este reconocimiento. En la ordenanza que presentaron en la Municipalidad, escribieron:

Somos jóvenes de 15, 16 y 17 años que estamos haciendo lo que muchas personas no se atrevieron a hacer por miedo, olvido o solo por no remover el pasado. Eso es lo que nosotros no queremos. Esto pertenece a la historia. A la tuya, a la mía, a la de todos.

Bibliografía

Balé, Cinthia (2020). La producción estatal de memoria en la Argentina reciente: un abordaje desde el proceso de señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado (2003-2015). Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 7(13), 10-31. Messina, Luciana (2016). Reflexiones sobre la articulación estado-sociedad civil en las políticas de memoria en Argentina. Revista Memória em Rede, 8(15), 109-136.

Portos Gilabert, Joan y Tavano, Carolina Sofía (2021). Políticas de la memoria en Mar del Plata: la creación del Faro de la Memoria en el ex CCD ESIM. En I. Barragán y M. Iturralde (Coords.), Mar del Plata 70: violencias, justicia y derechos humanos. Mar del Plata: EUDEM.